Back

Un defensor para el pueblo: el potencial del ombudsperson energético

8 Mar 2022

• Author(s): Carlos Villaseñor

Esta contribución se publica como parte de la serie de artículos de reflexión, The Time is Now! Why We Need a New Eco-Social Contract for a Just and Green World, lanzada como parte de las actividades de UNRISD para apoyar una recuperación justa y sostenible de las múltiples crisis que actualmente enfrentamos. En esta serie, invitamos a expertos y expertas del mundo académico, del activismo y de la práctica política a explorar de forma crítica las diversas manifestaciones de nuestros contratos sociales rotos, las causas profundas de su ruptura y el papel de las crecientes desigualdades, así como los motores del cambio positivo. Nos preguntamos no sólo qué políticas y reformas institucionales son necesarias, sino también qué actores pueden hacer qué para superar las desigualdades y construir mayor justicia social y climática. ¿Cuáles son los valores, los enfoques, las alianzas políticas y los movimientos sociales que necesitamos para construir un nuevo contrato ecosocial? Estas contribuciones, que alimentan las actividades de la recién creada Red Mundial de Investigación y Acción por un Nuevo Contrato Ecosocial, forman parte de la conversación global sobre cómo construir un futuro mejor—futuros sostenibles—en tiempos pospandémicos.

Carlos Villaseñor es analista y gestor de proyectos en Ombudsman Energía México

Los actores tradicionales en la transición energética en el sur global no sólo han consistentemente fallado en ser lo suficientemente radicales en sus esfuerzos contra el cambio climático sino que también han dejado de lado la necesidad de resolver problemas subyacentes de desigualdad, corrupción y falta de acceso a la justicia. La figura del ombudsperson puede constituirse como la pieza faltante para reconciliar a los diferentes actores y monitorear los esfuerzos necesarios para una transición energética justa, así como garantizar que aquellos que son más afectados por los problemas sociales de la energía sean visibilizados en la redefinición del sector.

¿Qué es un ombudsperson?

En el contexto europeo, donde ha proliferado la figura del ombudsman o defensor del pueblo en el sector energético, su razón de ser es principalmente la protección del usuario final frente a mala administración privada, errores de actores en el mercado o prácticas comerciales injustas. En el centro de la forma de operar del ombudsman se encuentran los mecanismos alternativos de solución de controversias, destacando la mediación.

Además, la observación del contexto amplio y de las tendencias en comportamientos de consumidores y actores del mercado, del tipo de quejas y conflictos, de las materias y áreas en las que se dan, etc. permite al ombudsman identificar desbalances y disrupciones antes de que estos escalen. En México la reciente propuesta de reforma constitucional al sector energético, en septiembre de 2021, que centraliza todavía más el control del Estado —o proyectos como Gas Bienestar— ha tenido grandes consecuencias para el país.

¿Quién defiende a los mexicanos?

En el caso específico de México —y de la gran parte de los países del sur global—, figuras similares a los ombudspersons europeos son escasas y para el caso específico del sector energético son prácticamente inexistentes. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) garantiza los derechos de los consumidores mexicanos, incluidos aquellos directamente relacionados con la energía, aunque no es un organismo especializado y se apoya de la empresa del estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Comisión Reguladora de Energía (CRE) supervisa el mercado energético, su competitividad y eficiencia pero no las afectaciones individuales de los usuarios. En casos donde haya violaciones a los derechos humanos en el desarrollo y operación de proyectos en el sector energético, los mexicanos pueden buscar la ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mediación para una ciudadanía más activa

A pesar de que las cifras de quejas respecto al servicio del distribuidor único, la CFE, han bajado año con año, aún se cuentan más de 10,000 quejas presentadas en el 2020, de las cuales sólo el 52% tuvieron una solución “exitosa”. Esto deja un gran número de casos que aún requiere de una mediación efectiva, pues muchos de ellos concluyen en el desistimiento del consumidor, dado el poder que tiene el distribuidor de cortar la energía de manera indefinida y hasta que este decida reconectar. Además, existen factores como la falta de conocimiento de los derechos del consumidor o cómo y ante qué instituciones presentar una queja, falta de acceso a internet, desconfianza generalizada hacia actores gubernamentales tradicionales, etc., que pueden determinar no solo la resolución de estos procesos sino el si se participa en ellos en primer lugar.

En este sentido, Ombudsman Energía México (OEM) y los ombudspersons en general pueden ayudar a países en situaciones similares a México, como se ha visto con sus contrapartes europeas. Es decir, incentivando a los consumidores a utilizar los mecanismos disponibles, sobre todo a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y de esta manera garantizar el cumplimiento de la ley, identificar puntos ciegos y brechas, entre otras deficiencias del sector que requieran subsanarse. Entre 2015 y 2020 OEM ha atendido más de 250 solicitudes de asesoría en el sector.

El ombudsperson puede además ampliar sus capacidades para adaptarse al contexto de los países latinoamericanos, que experimentan el mayor número de violaciones a derechos humanos relacionadas con proyectos dedicados a energías renovables. En México, proyectos como Eólica Sur en Oaxaca han sido denunciados de múltiples abusos desde su construcción en 2012. OEM es reconocido por la Secretaría de Energía (SENER) como testigo social para garantizar el respeto a la ley y a los derechos en estos procesos.

Ampliación del debate de la transición energética

Del 99.2% de la población en México con acceso a electricidad, casi el 100% lo hace a través del servicio que presta la empresa gubernamental, puesto que en el país se ha buscado monopolizar la distribución de la energía por parte del Estado, y monopsonizar su procuración, al ser la CFE la única en capacidad de comprar a privados. Contra este paradigma hay un argumento tradicional que los defensores del libre mercado pueden articular ya que un monopolio tiende a proveer una cantidad menor del bien, en este caso de energía, a la cantidad de la de equilibrio (donde no existen excesos en oferta o demanda), a un costo mayor y posiblemente de menor calidad; y en un monopsonio hay un único comprador, generando una competencia más que imperfecta.

En el caso del sector energético, por mucho tiempo los altos costos de entrada al mercado debido a la necesidad del desarrollo de infraestructura, limitaciones geográficas y técnicas, y la subsecuente existencia de economías a escala creó monopolios naturales. Sin embargo, en las últimas décadas la disrupción de nuevas tecnologías ha llevado a una mayor capacidad de competencia y de impulso a la innovación, principalmente en energías renovables.

Por otro lado, México tiene una larga tradición política establecida en la Constitución de 1917, específicamente en su Artículo 27, de garantizar la posesión de la nación de sus recursos, lo que se ha manifestado en muchos casos como control estatal directo sobre estos. En contrapartida, es cierto que en otros contextos existen múltiples casos exitosos de intervenciones estatales en otros sectores como educación, salud y seguridad social, que llegan casi al grado de monopolio en países como Canadá, Alemania o Francia. Esto con el beneficio de alejarse de incentivos económicos tradicionales que han sido uno de los principales causantes de la insostenibilidad del contrato social actual.

Estas y otras consideraciones deben ser expuestas en un formato comprensible para la mayoría de la ciudadanía, junto con información técnica del sector energético. Se debe pugnar por la apertura de espacios de discusión y toma de decisiones para que la ciudadanía pueda ser parte de este proceso de redefinición del sector, y debe garantizarse el paso efectivo de la discusión a la acción radical.

El ombudsperson como agente de cambio

Para México, una defensora o un defensor del pueblo especializado en energía significa el acercamiento a un sector desconocido para la mayoría a pesar de su presencia en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. El acceso a electricidad, gas, gasolina, y a otros recursos naturales, hace la diferencia en oportunidades laborales, de educación, movilidad y salud. La ciudadanía no puede ser un agente pasivo, o a lo mucho reactivo, como lo es actualmente. Debe tener la capacidad de ser proactivo en su relación con la energía, con las instituciones y actores de mercado existentes. No podemos redefinir el contrato ecosocial escuchando únicamente las mismas voces que determinaron el paradigma previo, pero tenemos que tener una discusión inclusiva acerca del bien común en el sector energético y su accesibilidad para todos y todas.

Este artículo refleja la posición del autor y no necesariamente representa aquellas de UNRISD.

Foto: Sam Goodgame (dominio público, Unsplash)

This article reflects the views of the author(s) and does not necessarily represent those of the United Nations Research Institute for Social Development.