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El podcast que están escuchando pertenece a una serie centrada en el informe Combatir la pobreza y la desigualdad elaborado por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Un minucioso análisis de las razones y las dinámicas de la persistencia de la pobreza en el mundo que presenta, a su vez, una variedad de políticas y medidas institucionales para aliviarla.
Mil cien millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y casi 4mil niños mueren cada día por enfermedades relacionadas con este hecho. El agua es una necesidad básica contemplada en los objetivos de desarrollo del milenio. La previsión de reducir a la mitad los índices de población que carecen de ella en 2015 se encuentra a medio cumplir. En éste, como en otros servicios básicos muchos países siguen enfrentando desafíos importantes.
Los servicios sociales mejoran la calidad de vida al crear, proteger y mantener las capacidades humanas. Aunque no hay consenso para determinar cuáles son, la salud, la educación y la nutrición figuran en la mayoría de listas. Por ejemplo, disponer de agua ahorra tiempo y esfuerzo que se pueden emplear en educación, una población más educada tiene mejores instrumentos para saber cuidarse y una mejor salud mejora el aprendizaje en la escuela, las oportunidades de ingreso, de salir de la pobreza y contribuir al crecimiento económico.
Centro ahora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la óptica en torno a los servicios básicos ha evolucionado de forma notable en los últimos cincuenta años. Así, mientras en los 60 y 70 las políticas sociales se consideraban fundamentales para modernizar la economía, en los 80 la crisis y las reformas neoliberales llevaron a severos recortes gasto social. En gran medida, apremiados por los planes de ajuste y las instituciones financieras internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Planes que, en ocasiones, supusieron transferir la responsabilidad financiera de los servicios a los consumidores introduciendo tarifas para los usuarios.
En muchos países de América Latina y el África Subsahariana los avances en salud y educación se estancaron, e incluso se revirtieron en la llamada década perdida. La creciente evidencia de estos costes sociales devolvió las necesidades de los más desfavorecidos a la agenda internacional a través de los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza o iniciativas como la de Países Pobres Altamente Endeudados. Finalmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio han movilizado recursos en torno ciertas metas educativas, sanitarias y medioambientales. Pero a pesar de las tendencias positivas continúan existiendo grandes desafíos que se han exacerbado con la crisis económica mundial.
Existe un amplio debate en torno a quien debe asegurar el aprovisionamiento de los servicios, quién debe pagar la infraestructura necesaria para atender a las zonas más alejadas, pobres, rurales o aquellas donde se concentra menos población; y quién debe garantizar que esos servicios no reproduzcan discriminaciones en función de aspectos como el género o la etnia.
El pago de la administración a gestores privados, los cheques-vale, las tarifas a los usuarios, o la concesión de la gestión de la infraestructura son formas habituales de comercializar educación y salud. Más extendidas en países de bajos ingresos y justificadas por una mayor eficiencia, recuperación de costes y creación de sentido del valor entre los usuarios. Por lo general, se ha fracasado en el logro de estos objetivos y tampoco han sido efectivas las formas complementarias de asistencia ni los mecanismos de exención.
En el sector sanitario, una investigación del UNRISD muestra que niveles más elevados de privatización se relacionan con una mayor desigualdad y exclusión según los ingresos de manera que en conjunto la comercialización de servicios puede ser vista como una enfermedad de los pobres.
En lo que a educación se refiere existe mayor consenso de que el gobierno ha de proporcionar una educación de calidad sin cargos a todos los niños, al menos la primaria, pero al igual que en la salud la comercialización afecta a los pobres, con mayor participación del gasto privado en países de bajos ingresos, lo que también ha servido para saturar los equipamientos públicos y empeorar las disparidades pre-existentes.
El sistema de aprovisionamiento de servicios varía entre países y áreas. Desde el apoyo al universalismo en La Republica de Corea, la provincia China de Taiwán o Costa Rica, a los sistemas excluyentes de Kenia o la India pasando por el universalismo fragmentado y descentralizado de Brasil, Sudáfrica o Botswana. Un caso, éste último, a destacar. El país africano tiene uno de los sistemas de servicios sociales más desarrollados de África como resultado, sobre todo, de una exitosa utilización de los impuestos a la minería. Desde la independencia el gobierno ha sido el principal proveedor de educación y sanidad y destina el 40 por ciento del gasto público a servicios sociales. Programas de alimentación escolar o de desarrollo rural han incrementado la asistencia tanto en primaria como en secundaria, y la alfabetización alcanza el 80 por ciento. Aunque siguen faltando maestros cualificados en áreas rurales. En sanidad, personal cualificado atiende más del 90 por ciento de partos y se ha logrado reducir sustancialmente la tasa de mortalidad infantil. El esfuerzo inicial se puso en crear centros de salud en cada aldea. A mediados de los 80 más del 85 por ciento de la población contaba con instalaciones sanitarias en un radio de 15 kilómetros. El sida continua siendo un desafío importante para el país pero el gobierno ha proporcionado tratamiento gratuito a quienes lo padecen independientemente de su estatus económico-social, etnia o género.
El aprovisionamiento de servicios sociales tiene importantes implicaciones políticas. Un financiamiento escaso y una elevada comercialización conducen a servicios de alta calidad para quien puede pagarlos y de baja calidad para los más desfavorecidos. A su vez, invertir sólo en servicios básicos puede agravar desigualdades en otros ámbitos. Los instrumentos domésticos de financiación pública contribuyen a una mejor redistribución y pueden ser complementados por remesas y fuentes de ayuda externa.
Se requiere, por tanto, una intervención efectiva del Estado que además vincule la provisión de servicios con otros objetivos de la economía política y esa intervención supone que si el Estado opta por la comercialización ha de establecer unas normas para que ésta sea efectiva y la posibilidad de que los pobres reclamen al sector público su derecho a alcanzar la igualdad de trato con quienes están cubiertos por los servicios privados.
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