Capacitar a los trabajadores: Un reto para la economía verde en América Latina

Esto es parte de una serie de podcasts que ilustran la importancia de reintroducir la dimensión social al debate sobre economía verde y desarrollo sostenible.

Amalia Palma y Claudia Robles trabajan como asistentes de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ellas participan en la conferencia “Economía Verde y Desarrollo Sostenible: Recuperando la Dimensión Social”, organizada por UNRISD en Octubre de 2011, con la ponencia “Lo verde y lo social: cuan lejos, cuan cerca en América Latina?”
(Esta entrevista refleja la opinión de las entrevistadas y no necesariamente el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

¿Desde vuestro punto de vista, qué aspectos clave de la dimensión social no se están teniendo en cuenta en los principales debates sobre economía verde?

Amalia Palma: Vemos que uno de los principales supuestos detrás de las actuales discusiones sobre economía verde es que la inversión que se realiza en los sectores productivos y la creación de nuevos sectores implicarán un mayor crecimiento económico, lo que a su vez permitiría una reducción en los niveles de pobreza. Un elemento central en esta cohesión parece ser la creación de empleo que se generará en los nuevos sectores productivos y de emprendimiento que se pondrán en marcha como parte de estas políticas. Sin embargo, se ha llegado crecientemente al consenso de que el crecimiento por sí solo no es garantía para la reeducación de la pobreza y reducción de la desigualdad.

Claudia Robles: Además, pensamos que es posible plantear o distinguir analíticamente que la economía verde va a generar impactos sociales de corto, medio y largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, se espera que se creen gran cantidad de empleos, particularmente de los llamados “empleos verdes”. Al no realizarse una mención explícita respecto de la inversión necesaria para el fortalecimiento del capital humano y el diseño de políticas de capacitación y educación en el empleo, se corre el grave riesgo de excluir de las nuevas iniciativas económicas a una importante proporción de quienes se encuentran insertos hoy en los sectores de menor productividad de la economía. Así mismo, en las formulaciones actuales sobre economía verde que nosotras hemos encontrado se denota la ausencia de un enfoque de género en cuanto a las desigualdades existentes en el mercado laboral, que en América Latina son muy evidentes y que pueden mantenerse inalteradas con la puesta en marcha de las reformas asociadas a la economía verde.

En el plano de los efectos de más largo plazo, es posible prever una serie de beneficios indirectos para las comunidades más vulnerables. Sin embargo, si no hay una medición precisa de los impactos y metas concretas de estos avances y beneficios detectados, es fácil que se desvíen las inversiones hacia sectores o territorios donde ya hay una mayor disponibilidad de recursos humanos o físicos de cualquier tipo, reproduciéndose las desigualdades territoriales de la región.

Amalia ¿Cómo pueden afectar las desigualdades existentes a la transición hacia una economía verde? ¿Qué tipo de desigualdades son las más relevantes?

Amalia Palma: Las formulaciones recientes sobre economía verde, como acabamos de mencionar, descansan en una serie de supuestos que deben ser contrastados con la realidad de los países en desarrollo. En particular en la región de América Latina la realidad en el ámbito educativo es muy dispar. Si bien se ha alcanzado un acceso cercano al 95 por ciento en la educación primaria en el caso de la educación secundaria y terciaria la situación es diversa y las tasas son mucho menores. Así mismo, la deserción escolar temprana es también muy desigual según los quintiles de ingreso, siendo una de las principales razones de los estudiantes para desertar la posibilidad de entrar al mercado laboral para así incrementar los ingresos de los hogares. Adicional a todo esto la educación a la que se accede en la región muestra fuertes diferencias en términos de su calidad, según ha reportado la prueba PISA y otras pruebas internacionales que evalúan esta calidad. Esta situación se repite en términos del acceso a la capacitación y en la inserción de la población en sectores de baja, mediana o alta productividad. La implementación de la economía verde por sí sola no creemos que vaya a resolver esta estructura, si es que medidas adicionales no son implementadas.

Claudia ¿En qué aspectos ha de ser adaptada la política social para permitir que la economía verde reduzca la pobreza y las desigualdades?

Claudia Robles: Pensamos que un primer aspecto que debería ser abordado en el marco de la economía verde es la dimensión laboral de las transformaciones proyectadas. Para lo cual la inversión en el fortalecimiento de capacidades y credenciales para acceder a los empleos se vuelve fundamental. Sabemos que el principal ingreso de los hogares más pobres proviene del trabajo, y por tanto es primordial avanzar en mejores condiciones de trabajo y en mejores salarios. Esto pasa por generar los incentivos adecuados para desarrollar esquemas de capacitación y educación en el empleo a través, por ejemplo, de alianzas público-privadas así como fortalecer también, como decía Amalia, la inversión en educación y capacitación requerida.

En segundo lugar, la economía verde también puede verse como una ventana clave de oportunidad para impulsar políticas de protección social en América Latina. Los vínculos entre economía verde y protección social no contributiva pueden ser al menos de dos tipos. Por una parte, es posible pensar que estos esquemas junto con proteger a quienes se vean más afectados por las transformaciones productivas implementadas entreguen transferencias monetarias directas a los hogares y a su vez combinen la incorporación de estos hogares y de los individuos a esquemas de capacitación o micro-emprendimiento en la línea de lo que hemos comentado. Por otra parte es posible también pensar en un conjunto de subsidios como, por ejemplo, los que funcionan en diversos países de América Latina para cubrir los gastos de acceso al agua potable o a la electricidad, y poder dirigir estos subsidios al consumo de energías renovables, y de esta manera contribuir a disminuir el uso de tecnologías o energías más contaminantes.

En el contexto específico de América Latina ¿es la economía verde es una prioridad para los sectores privados y públicos? ¿Cómo puede la economía verde crear puestos de trabajo apropiados para los países de América Latina? ¿Cuáles son las limitaciones del mercado de trabajo?

Amalia Palma: Creemos que la economía verde no es una prioridad actualmente en la región ni para el sector público ni para el sector privado. No obstante, tenemos que reconocer que sí se han llevado a cabo esfuerzos en algunos componentes individuales de lo que hoy se conoce como economía verde. No obstante también vale decir y reconocer que los impactos que se han logrado son sólo parciales.

Claudia Robles: América Latina cuenta con una alta estratificación y segmentación entre trabajadores insertos en sectores de alta y baja productividad, en áreas rurales y urbanas, lo que a su vez determina una alta precariedad y una baja movilidad laboral de amplios sectores de la población, así como fuertes desigualdades de los ingresos laborales. Pensamos que un punto clave para avanzar en trabajos inclusivos, en empleos inclusivos a la luz del concepto de la economía verde, es el concepto planteado por la OIT del trabajo decente, que es aquel que se realiza en condiciones libres e igualitarias accediendo a igual remuneración por igual trabajo con acceso además a remuneraciones que permitan llevar una vida digna y a la protección social en el empleo.

¿Por los resultados de sus investigaciones, cuáles podrían considerarse políticas ejemplares por haber combinado pilares sociales, ambientales y económicos de la sostenibilidad?

Amalia Palma: Antes de entrar específicamente en el detalle de las políticas que consideramos que son buenos ejemplos, para estos tres pilares, queríamos previamente mencionar que así como hay buenos ejemplos de la combinación, hay también muchos ejemplos de que pueden colisionar o que hacen colisionar estos tres pilares dentro de una política. Un caso particular es el sector energético. Frente a por ejemplo la construcción de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, hay un largo debate inconcluso sobre el posible daño ambiental producido y los beneficios económicos y sociales que estas pueden generar.

Ahora, en base a lo que hemos revisado existen pocas políticas que hayan trabajado estas tres dimensiones en conjunto. Recientemente ha aparecido un caso que queremos destacar que es un primer programa de transferencias condicionadas que busca cubrir tanto dimensiones sociales y ambientales en su operación. Éste es el plan Brasil Sem Miséria, que busca ampliar el trabajo ya realizado por Bolsa Família en familias en extrema pobreza ampliando así los beneficios de las transferencias monetarias, el acceso a servicios básicos, de saneamiento y capacitación entre otros, con una línea llamada “bolsa verde”, que está enfocada directamente al desarrollo sostenible con una transferencia asociada a la preservación de bosques nacionales.

Sumado también al interés en términos económicos, uno de los servicios que el medio ambiente ofrece, y que constituye una de las bases para la generación de proyectos es el turismo, que en los últimos años se han enfocado en la línea del turismo sostenible. En la región se han desarrollado en esta línea algunas políticas destinadas a fomentar este tipo de turismo a través de la entrega de financiación y la mejora de las infraestructuras. No obstante, creemos que desde una lógica de la economía verde este sector puede ser una importante fuente del crecimiento verde si se genera la inversión en infraestructuras que es necesaria para la demanda de este tipo de servicios. Y por último, pero no menos importante, queremos destacar que desde el tercer sector han surgido iniciativas para el desarrollo de un mercado del comercio justo que incorpora una serie de cuestiones sociales y de sostenibilidad medio ambiental en la clasificación de los bienes y servicios. En la medida en que esta iniciativa se generalice, la modificación de los sectores productivos estará así incentivada no sólo por los decisores políticos, sino que también serán los mismos consumidores los que castiguen o premien con su elección.

Amalia Palma, Claudia Robles, asistentes de investigación en la en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, gracias por compartir unos minutos con UNRISD.

Para UNRISD, Mónica Montes desde Ginebra